Los arquitectos nos debatimos en el marco de una caída brutal de la actividad profesional: falta de trabajo, reducción del nivel de honorarios, impagos, dificultades para acceder a la escasa contratación pública. Aún así se nos sigue convocando por las administraciones a que compitamos más, como si no hubiera un límite mínimo razonable para nuestras remuneraciones.
El Colegio afronta una herencia de la gestión de las Juntas anteriores plagada de problemas: una deuda de 13.000.000 euros; una nueva sede cara de mantener y que nos sobra por los cuatro costados; una plantilla sobredimensionada.
Los ingresos colegiales por visado no dejan de caer, mientras que las elevadas cuotas ordinarias han expulsado ya a 2.000 compañeros e impiden el acceso a los recién titulados. Cada vez somos menos.
En cuanto al ámbito en el que se ejerce nuestra función social, las cosas no están mejor. El estallido de la burbuja de precios de la vivienda ha arrastrado a buena parte de la economía española y regado el territorio de promociones abortadas. Las administraciones siguen sin tener una política de vivienda digna de ese nombre.
A cambio nos brindan la reducción de cesiones de suelo en nuevos desarrollos, la edificación en zonas protegidas, la ocupación comercial de los espacios públicos o iniciativas urbanísticas discutibles.
La gestión de la Junta de Gobierno se orienta a resolver los problemas de la pesada herencia que ha recibido: reducir costos, obtener recursos para pagar las deudas, rentabilizar espacios vacíos.
En eso se va una parte no menor del esfuerzo. Otra, en anudar lazos del Colegio con administraciones y empresas; como si hiciera falta explicarles quienes somos, como si la arquitectura y el Colegio se hubieran inventado el Mayo pasado.
Por su parte la Junta de Representantes, encorsetada, se atiene forzosamente al mismo guión.
Pero se queda en el tintero lo que de verdad importa y más nos preocupa a los arquitectos:
- Encontrar nuevas fuentes, ocasiones y nichos de trabajo; abrir cauces para exportar servicios de arquitectura y urbanismo; facilitar, cuando se produzca, la emigración en buenas condiciones de jóvenes y menos jóvenes.
- Defender la adecuada remuneración de los arquitectos, sean autónomos o asalariados; el mejor reparto de la contrata pública; el pago en plazo de los servicios.
- Recuperar a los que se han descolegiado y colegiar a los nuevos.
- Reclamar políticas urbanísticas y de vivienda al servicio de la sociedad y alejada de aventuras especulativas.
Sin estas cosas, el Colegio se mira el ombligo creyendo que si resuelve sus propios problemas, las cosas van bien. Pero acaso puede irle bien al COAM si le va mal a los arquitectos y a la sociedad ?
