21.7.17

LA LEY DE ARQUITECTURA QUE SE QUIERE IMPONER.

Querido compañero, querida compañera.

Es posible que no lo sepas.
Recientemente se ha aprobado por el Parlamento de Cataluña una Ley de la Arquitectura.
Esta Ley se presenta como un esfuerzo para promover la calidad arquitectónica, algo que es siempre bueno. Si bien la definición que se hace en la Ley de lo que es esa calidad es genérica, subjetiva, superficial.
http://www.arquitectes.cat/es/system/files/users/127/ley_arquitectura_traduccioncoac.pdf

Pero la Ley guarda en su articulado algunas determinaciones que nos parecen graves:
-       - Todos los concursos públicos de proyectos serán restringidos, por invitación a cargo de un Jurado de Expertos. Se eliminan los concursos abiertos y anónimos en los encargos públicos.
-       - La presencia de los Colegios de Arquitectos en los Jurados será determinante.
-       - Cada municipio podrá dotarse de un Comité de Expertos en Calidad Arquitectónica con capacidad para emitir informes vinculantes – positivos o denegatorios - en el trámite de licencia.
Se configura así un marco que rige los encargos públicos y también los privados de forma altamente restrictiva.

Es este marco el que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España valora positivamente. Y no es para extrañarse: ya propuso el CSCAE en sus Alegaciones a la Ley de Contratos del Sector Público que todos los concursos públicos de proyectos de arquitectura fueran restringidos.
La Ley catalana afecta a todos los arquitectos que pretendan ejercer su profesión en esa Comunidad, residan donde residan.

Pero  eso no es lo más preocupante.
El CSCAE viene trabajando a favor de la promulgación de una Ley estatal de Arquitectura. Según ha explicado su Presidente, D. Jordi Ludevid, se reúne a ese fin con el Ministerio de Fomento.
Hay que suponer que su objetivo es conseguir una Ley similar a la catalana.
En cualquier caso, no sabemos nada. El contenido de esas conversaciones es secreto.
Si lo consiguiera, muy pocos podrían acceder a los encargos públicos. Solo aquellos seleccionados por un Jurado; in extremis, solo los seleccionados por los Colegios de Arquitectos.

¿Ese es el modelo que queremos los arquitectos de España?
Puede que sí, o que no. Pero no hay intención de preguntárnoslo.
PROCOAM pretende que el secretismo en relación con este asunto se termine.
Todos los arquitectos tenemos que estar informados, que poder opinar y decidir. Tenemos órganos colegiales: Juntas de Gobierno, Juntas de Representantes, Juntas Generales. El Consejo tiene una Asamblea en la que participan representaciones de todos los Colegios.
Un cambio tan profundo no puede decidirse por cuatro. Lo que es de todos no puede quedar en manos de unos pocos.


19.7.17

CONGRESO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS
¿PARA QUÉ? ¿PARA QUIÉN?

Cuando una Junta de Representantes aprobó construir una nueva sede para el COAM  se dijo a los colegiados: “No os costará nada”. Fue mentira. Nos costó muchos millones, aún debemos varios. La deuda del COAM se acerca a un presupuesto anual.

¿Necesitábamos una nueva sede? ¿Necesitábamos embarcarnos en ese gasto precisamente cuando muchos compañeros se marcharon del colegio porque no alcanzaban a pagar su cuota?

Habrá opiniones diferentes, pero algo es cierto: unos cuantos vivieron bien del negocio llamado Construcción y Explotación de una Nueva Sede para el COAM. La colegiación en cambio nunca se recuperó; seguimos perdiendo colegiados.

Ahora hay quien quiere embarcarnos en otro “proyecto estrella”: organizar el Congreso de la UIA en 2023. Los mensajes vuelven a ser los mismos: “¡No os costará nada, saldrá gratis!” Pero lo cierto es que ese Congreso cuesta entre 5 y 7 millones de euros, el primero de los cuales hay que pagarlo este año; y que ninguna administración pública ni empresa privada se ha ofrecido hasta ahora a hacerse cargo de ese gasto. Eso sí, buenas palabras muchas.

Hay algunos que quieren que el COAM asuma esa responsabilidad. Por diferentes razones. La peor de todas: para vivir del nuevo negocio llamado “Organizadores del Congreso UIA 2023”. Ya hay cola  para ser uno de ellos.

Por eso, y aunque sobre la utilidad de ese Congreso puede haber opiniones diversas, nosotros decimos: 

Dejad en paz el bolsillo de los colegiados. Congreso UIA, no con nuestro dinero.


17.7.17

MADRID SIN CONCURSOS


Edificio Dotacional en la calle Fúcar.
Promotor: Ayuntamiento de Madrid. SIN CONCURSO

 Polideportivo Municipal en la Plaza de La Cebada.
 Promotor: Ayuntamiento de Madrid. SIN CONCURSO

Colegios Públicos en la Comunidad de Madrid.
Promotor: Consejería de Educación. SIN CONCURSO

Los concursos públicos no se oponen a la participación ciudadana; se oponen al clientelismo.
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deben confiar en los concursos abiertos y anónimos para la adjudicación de sus encargos.
Por una gestión transparente, por edificios de calidad, por encargos justos.


5.7.17

UNA LEY DE ARQUITECTURA A ESPALDAS DE LOS ARQUITECTOS

El presidente del Consejo Superior viene reuniéndose con el Ministerio de Fomento para impulsar la promulgación de una Ley de Arquitectura.

El contenido de esa Ley puede ser bueno para la profesión, o no. Ese es el problema. Nada sabemos de las propuestas del Consejo; de sus objetivos; de cómo pretende que se regule el ejercicio profesional; qué se pide; qué se ofrece. 

Si nos atenemos a las alegaciones que formuló al proyecto de Ley de Contratos del Sector público, el CSCAE está a favor de que los encargos públicos se adjudiquen con invitación nominal. ¿Esto es lo que queremos los arquitectos? ¿Nos lo preguntó antes el Consejo?

Procoam no quiere una Ley de Arquitectura que nos caiga del cielo. Si la hay, que las aportaciones de los arquitectos y de las arquitectas se debatan en sus respectivos Colegios; en el COAM que se trate en la Junta de Representantes, que se convoquen debates abiertos, que se articule la participación.

De lo contrario será, con toda seguridad, una Ley de Arquitectura contra los arquitectos.


ABARATAR LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Un Curso con 120 asistentes puede tener un precio mucho más barato que otro con 20, puesto que los costos son prácticamente iguales y se reparten entre más compañeros.
Así ha quedado demostrado recientemente con el Curso ITE de 120 alumnos cuyo precio de inscripción fue de solo 60 euros.

Por eso siempre que sea académicamente viable proponemos que el Instituto de Formación del COAM opte por este formato. No hay motivo para ponérselo más difícil a unos colegiados que ya tienen suficientes problemas. También proponemos, con el mismo fin, que siempre que sea posible, se implante también el formato del curso digital: en línea o diferido. 
Abaratar la formación no es perder calidad sino hacerla más accesible mejorando así la calidad de los profesionales.

LA DEMOLICIÓN DEL CONVENTO  Y EL COAM

De sobra conocido por todos el caso de salvación, in extremis y parcial, del convento del Paseo de la Habana. Las distintas administraciones parecen haber encadenado errores y despreocupación por la salvaguarda del patrimonio. Más todavía nos preocupa que se pueda leer que el Colegio de Arquitectos visó el proyecto de demolición del edificio.

El COAM pidió ante las administraciones la protección del edificio, y está muy bien, pero lamentablemente la demolición se visó. Es urgente revisar protocolos y actuaciones para que nunca se repita el visado de la demolición de un edificio protegido


ACUERDO SOBRE ENCARGOS PÚBLICOS


En la Junta de Representantes del 30 de mayo se aprobó la propuesta que llevamos para fijar la posición del Colegio respecto a las contrataciones públicas.

La proposición se basa en los principios de concursos abiertos; anónimos; a dos fases, no restringidos; con mínimas solvencias técnicas y económicas; con plazos suficientes;  valoración por la calidad de la propuestas y no por la oferta económica; encargo con dirección de obra incluida y transparencia en el proceso. El texto completo de la propuesta presentada se puede leer  en  http://www.procoam.blogspot.com.es

El acuerdo se aprobó por amplia mayoría, solo con una matización en el título. Los colegios no deciden el formato de las contrataciones públicas, pero sí deben tener una posición de partida que defender ante sus variados interlocutores; esto es lo que se pretendía con la propuesta: que la Junta de Representantes, de acuerdo con sus funciones estatutarias, definiera una línea esencial para nuestro ejercicio profesional.