LOS ARQUITECTOS DE MADRID Y EL DERECHO A LA VIVIENDA.Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Junta de Representantes Ordinaria 20/12/2012. Punto 6 del Orden del Día, a propuesta de procoam.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid contempla con preocupación la situación de la vivienda en nuestra Comunidad y en España, dramática para muchos conciudadanos. Al problema de los desahucios de quienes no alcanzan a pagar sus hipotecas se suma el de los inquilinos en idéntica situación, el de los jóvenes que no pueden independizarse, el de quienes viven en infraviviendas o hacinados, y el de los que carecen lisa y llanamente de un lugar donde habitar. Esta situación se produce, paradójicamente, luego de largos años en los que la producción de viviendas superó cualquier cifra antes vista. Una producción que en muchos casos no daba respuesta a las necesidades sociales sino exclusivamente a las del negocio inmobiliario. Así, al tiempo que muchos se endeudaban más allá de sus posibilidades otros se veían impedidos de acceder a la vivienda que necesitaban. Los precios alcanzaron cotas desmesuradas si se ponen en relación con los ingresos de los madrileños. E innecesariamente elevadas si se consideran los costos reales de producción, drásticamente inferiores a sus precios de venta: los arquitectos podemos dar fe de ello. Por su parte las administraciones dejaron de impulsar la producción de viviendas baratas, cuyo número se alejó de las necesidades y la demanda. Algo que se evidenciaba en los sorteos, de amargo recuerdo. El tsunami urbanizador hizo tabla rasa de los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental. Hoy nos encontramos con las consecuencias de los errores cometidos: decenas de miles de viviendas vacías, urbanizaciones fantasma, edificios a medio acabar. Los arquitectos de Madrid no quieren mantenerse al margen de la preocupación por esta situación de muchos de sus conciudadanos, que es la suya propia: la comparten y se hacen solidarios de ella. Por ello manifiestan que los responsables políticos tienen la posibilidad y la obligación de impulsar las leyes y la acción pública y privada que garanticen de forma real, prioritaria y urgente el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; asegurando a todos el ejercicio de su derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada. En Madrid, Diciembre de 2012.